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Novedades en las ejecuciones hipotecarias

08 May 2013

Durante los últimos años se han introducido involuntariamente en nuestro lenguaje expresiones como “dación en pago”, “desahucio”, “cláusula abusivas”,…

y es que no hay día que no las escuchemos en la radio, en la tv o las leamos en un periódico, por lo que, a lo largo de este articulo vamos a señalar las modificaciones más significativas que ha sufrido la legislación hipotecaria desde su aprobación hasta nuestros días.

 

El procedimiento de ejecución hipotecaria estuvo prácticamente inalterado durante décadas, pero en los últimos años, ante la crisis económica que estamos viviendo y las continuas ejecuciones hipotecarias se están llevando a cabo, se ha visto sustancialmente modificado.

La principal modificación, al citado procedimiento de ejecución hipotecaria, se llevó a cabo durante el 2011, en el que se aumentó el importe por el que los ejecutantes (en la mayoría de los casos, las entidades bancarias) podían adjudicarse las fincas, incrementándolo hasta el 60% del valor de la tasación únicamente para subasta de viviendas habituales sin pastores, y se introdujo la posibilidad de adjudicación por el 50% del valor de tasación, solo para los supuestos de ejecución de vivienda NO habitual.

La anterior modificación no ha sido suficiente para aminorar los efectos que sobre los deudores hipotecarios continúan recayendo. Por tal circunstancia, en marzo de 2.012 se establecen mecanismos dirigidos a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de los deudores situados en el umbral de exclusión (ej. Carencia en la amortización del capital, reducción del tipo de interés y la ampliación del plazo total de amortización), un código de buenas prácticas para entidades financieras y la solicitud de la dación en pago.

Asimismo, en noviembre de 2012 se aprueba una moratoria de dos años para las ejecuciones en el caso de personas o familias en una situación de especial riesgo de exclusión. También, se incluye un mandato al Gobierno para que impulse la constitución de un “fondo social de viviendas” en alquiler para personas que han sido desalojadas de su vivienda.

Estas medidas también las recoge el actual Proyecto de Ley de protección de los deudores hipotecarios que el pasado 18 de abril fue aprobado por el Congreso de los Diputados.

Por último, hemos de hacer referencia a la problemática que se está generando en los Juzgados por la reciente SENTENCIA del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la posible declaración de cláusula abusivas en los contratos de préstamo hipotecario suscritos. Esta resolución reprocha la ausencia de mecanismos en nuestro sistema judicial para analizar la posible existencia cláusula abusivas (como por ej. los intereses de demora) mediante un juicio declarativo, paralizando la ejecución hipotecaria hasta su resolución judicial definitiva.

Todas estas medidas, han tendido a que la mayoría de las entidades financieras sean más flexibles a la hora de reestructurar y negociar la deuda hipotecaria, e incluso a admitir daciones en pago que antes eran impensables para ellas.

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